JUSTICIA INDIGENA


ADMINISTRACION DE JUSTICIA INDIGENA

1.- Definición de Justicia Indígena

El sistema de Justicia Indígena, es el conjunto de disposiciones, órganos Jurisdiccionales y procedimientos que garantizan a los integrantes de las comunidades indígenas en acceso a la jurisdicción del estado en materia de justicia, sustentando en el respeto a los usos, costumbres y tradiciones propios de su comunidad. Todo el procedimiento se realiza de manera oral, a excepción de un acta transaccional, esto se hace solamente por hacer constar los compromisos de las partes y como memoria de la asamblea.

La Justicia indígena, sin embargo no existe como resultado de una decisión de política legislativa motivada en criterios técnicos o de eficiencia, sino que nace del reconocimiento de un derecho, cuyo titular es un ente colectivo: el pueblo indígena “el pueblo indígena”. Es un producto de un pueblo o comunidad indígena que por muchos años ha reservado su sistema de administrar justicia de acuerdo a sus usos y costumbres.

La justicia indígena es un conjunto de elementos inherentes a la existencia y aplicación de las normas de origen consuetudinario, que busca reestablecer el orden y la paz social. La autoridad indígena será la encargada de cumplir y hacer cumplir las normas, valores y principios comunitarios; Principios Fundamentales: ama killa, ama llulla, ama shua; Solidaridad, Reciprocidad y Colectividad.

2.- La administración y aplicación de la Justicia Indígena

La Justicia Indígena, tiene su origen legal en la nueva constitución Política del estado de 1998. A partir de este año, la Constitución Política del Estado da un giro de trascendental importancia en cuanto a reconocimiento de derechos a favor de los diversos pueblos indígenas. Es asi como reconoce a un sujeto distinto, que es el colectivo, como entidad u organismo que vida propia y han reivindicado derechos a lo largo de las últimas décadas, en aras de lograr un trato distinto del Estado y tener una administración de justicia propia de acuerdo a sus usos y costumbres.

En las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas existe el derecho indígena, de transmisión oral, que responde más a un código moral de justicia y está basado en las costumbres y tradiciones”. Estas comunidades indígenas, a través de sus autoridades de las comunidades, pueblos o nacionalidades practican la justicia indígena y la mediación, basados en sus costumbres y tradiciones.

Las prácticas de la administración y aplicación de la justicia indígena se realizan recordando la memoria de nuestros antepasados, como lo hacían cuando alguien cometía algún daño o causaban problemas dentro de la familia o dentro de la comunidad o de la colectividad indígena. La administración de justicia indígena varía en cada comunidad, pueblo o nacionalidad.

La función Judicial, no garantiza la justicia social, mas bien aumenta la desconfianza, la corrupción y la delincuencia. Hoy en día, la aplicación de la justicia indígena ha dado muchísimo resultado, por conseguir en la conducta de la persona y han logrado solucionar los problemas en corto tiempo. Es mas, actualmente no hay ni la Corte Suprema de Justicia.

En el pueblo Maya, “durante las noches se realizaba en encuentro alrededor del fuego, cuando los nietos escuchaban atentamente los consejos de los abuelos, de cómo regir la vida, de cómo comportarse con los otros, de la necesidad de respetar de respetar a los otros, por qué el respeto hacia unos mismo: la necesitad de respetar y cuidar el universo, la Madre Naturaleza. Por qué es la garantía de vivir”. El respeto es el principio fundamental en las comunidades pueblos y nacionalidades indígenas, transmitida oralmente de generación en generación hasta nuestros días.

En la estructura del sistema de Justicia indígena de los pueblos: Maya de Guatemala; Tzeltal de México, Kuna de Panamá; en los pueblos indígenas de Colombia, Perú, Bolivia; y, en los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, coinciden cuatro elementos fundamentales para la aplicación y administración de justicia indígena, como: los principios y valores; las normas; los mecanismos y procedimientos; las autoridades. Dentro de los cuales se encuentran elementos desarrollados como el valor de la palabra y el respeto, la aplicación de las normas de carácter costumbristas, la experiencia de los mayores y de los abuelos, la sabiduría y el consejo y las autoridades indígenas reconocida legítimamente por la asamblea de la colectividad o comunidad indígena. Estos son los elementos indispensables que van interrelacionadas con la persona (autoridad indígena) para el arreglo del conflicto, que finalmente buscan la recuperación del daño físico, moral y espiritual de las personas que viven en colectividad o comunidad indígena. El dialogo, la discusión, el consenso y el acuerdo son los problemas conciliadoras, compensadores y preventivos del conflicto, que permiten restaurar la paz y la armonía en la comunidad.

En el sistema jurídico especial indígena está prohibido la tortura, justicia por mano propia y linchamientos.

Desde luego la tortura es cuestionada mucho por la sociedad mestiza y por las autoridades judiciales del estado, debido a que el látigo, el agua, la ortiga y otras sanciones son torturas. Para la cosmovisión indígena, estos elementos sirven para la purificación de la persona. Estos castigos corporales se hacen al momento de la resolución del conflicto o de la sentencia, con lo cual la persona queda en libertad y es una de las opciones para no ir a las cárceles, porque para el indígena, la cárcel es un cautiverio y un infierno de la vida. El linchamiento, según el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas, no es otra cosa que la “forma popular de administrar justicia, aplicando la pena capital, sin esperar el fallo condenatorio por el tribunal competente, producida como reacción excesiva ante la comisión de un crimen”, así como los moradores de la ciudad de Cayambe, a un afroecuatoriano, acusado de robo, asalto y violaciones, aplicaron la pena capital, a sea luego de arrastrar por las calles, incineraron, y finalmente, justicia por su propia mano, esto es similar a la ley del Thalión, es decir ojo por ojo y diente por diente, es la venganza de la persona. Por lo general, estos delitos han sido cometidos por los no indígenas en los momentos de ira y por la ilegalidad de los jueces.

3.- Procedimientos en la administración de justicia indígena:

1) WILLACHINA (AVISO O DEMANDA).- Consiste en que los afectados deben poner en conocimiento de la autoridad indígena de la manera oral y sucintamente clara, el hecho suscitado y los posibles responsables de alterar el orden comunitario. La autoridad indígena atiende el reclamo e inicia el proceso en torno a la denuncia o demanda presentada, siendo la obligación de los comuneros denunciar todo el ilícito.

2.- TAPUYKUNA (INVESTIGACIÓN).- Es una etapa de la investigación del problema, donde realizan varias diligencias como: inspección ocular del lugar de los hechos, en el caso de muerte, robo, asalto y peleas; reciben testimonios de las partes; versiones de los testigos; y, en ocasiones se practican el allanamiento de las viviendas donde posiblemente se encuentran vestigios y documentos que permitan probar la autoría de los hechos y su grado de responsabilidad. La comisión es la encargada de investigar el hecho denunciado o demandado, para lo cual deberán ser personas o comuneros responsables de gran prestigio moral. Esta cualidad moral, permite que la autoridad indígena pueda guiar la pregunta de la manera mas correcta para llegar a la verdad y descubrir a los actores, cómplices y encubridores causantes del daño.

3) CHIMBAPURANA (CONFRONTACION ENTRE EL ACUSADO Y EL ACUSADOR).- Es la etapa de confrontación y de ofensas entre los involucrados. Aquí se dan dos momentos importantes: Instalación de la asamblea e información de hechos; y, la aclaración de los hechos entre las partes. El primero, el secretario por orden del presidente convoca a las partes y los comuneros a una asamblea general. Se instala la asamblea a la hora y el día señalada en la convocatoria. Acto seguido, se informa a la asamblea el contenido de la demanda y los resultados de la investigación para que los asistentes sepan el conflicto o problema. Y en segundo momento, se da la aclaración de los hechos entre las partes. Los dirigentes, los comuneros y los familiares aconsejan al o a los acusados y el hecho de estar las partes frente a frente es algo muy importante para la comunidad. El demandante, de manera oral, relata los hechos o acontecimientos que generaron la acción judicial comunitaria. Luego el acusado (a) hace uso de uso de su legitimo derecho a la defensa sin la presencia del abogado, éste verbalmente contesta la demanda aceptando o negando. En le caso de aceptar, éste solicita se rebaje la sanción económica y moral, pero si no es responsable que sancione al acusador. Aquí las partes presentan todas las pruebas documentales y materiales evidencias, vestigios y declaración de los testigos, entre otros. Se identifican a los responsables del delito o del conflicto.

4) KILLPICHIRINA (SANCION).- En esta etapa, la asamblea que es la máxima autoridad indígena decide sobre la sanción que se debe aplicar al responsable del daño o del delito, según la gravedad del hecho. Las sanciones depende de cada pueblo o nacionalidad indígena, pero las más comunes son: las multas; suspensiones de derechos comunitarios (servicios básicos); indemnizaciones por los daños y perjuicios: devolución de los objetos; el baño de agua, ortiga y el fuete; trabajos comunales; y, excepcionalmente la expulsión de la comunidad (por reincidencias o delitos graves).

5) PAKTACHINA (EJECUCIÓN DE LA SANCION – CUMPLIMIENTO).- En esta etapa se propicia el castigo corporal al infractor, en Derecho Positivo se denomina ejecución de la sentencia. Para Lourdes Tibán y Raúl LLaquiche, “las sanciones corporales como el látigo, el baño y la ortiga deben ser ejecutados por hombres o mujeres de buena reputación y honestidad”. Las personas que aplican la sanción son los abuelos, los familiares, los dirigentes, el presidente de la comunidad y los compadres. La ortiga que se propicia al infractor, busca que la voluntad de la persona se transforme para bien de todos; los baños de agua helada purifican el alma de las personas; y, látigo o fuete es para la compensación del daño causado y es el reparo de la fortaleza del hombre. Al final el infractor reincorpora a la comunidad y no existen venganzas posteriores para ninguno de los afectados.

6) TANTANAKUSHPA CUSHICHIRINA (ALEGRIA POR LA SUPERACION DEL CONFLICTO).- Esta es la última etapa de la alegría, en este momento se supero el conflicto, el ofensor pide disculpas a la persona que causó daño perjuicio, ésta aceptada la disculpa por estar en proporción con su pena o sufrimiento. Posteriormente, el acusado ya absuelto, invita a la victima y a su familia, a un almuerzo comunitario y a una bebida (chicha o licor). Es la etapa de la amistad, de la renovación, de perdón y de prerrogativas, puesto que, con eso se busca fortalecer las relaciones interpersonales entre el infractor y el agraviado, acabando con el rencor y el deseo de la venganza. En definitiva, los procedimientos de juzgamiento indígena, varían de cultura a cultura y de religión, no se puede hablar de uniformidad del derecho indígena.

4.- Fundamentos jurídicos de la justicia indígena

Como fundamento legal de la justicia indígena, lo tenemos en el Art. 191 enciso cuarta de Constitución Política, que establece; “…..Las autoridades indígenas ejercen funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios de la resolución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional”. Así también, consta en el capitulo 5, De los Derechos Colectivos, Sección primera, De los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos, en el Art. 83 numeral 7, que establece: “conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad”.

Con estos principios y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, los pueblos, las nacionalidades y comunidades indígenas, han logrado hacer pública la administración de justicia indígena como un mecanismo alternativo de solucionar conflictos internos. Por lo tanto, la justicia indígena va tomando poder, confianza y credibilidad, mientras tanto la justicia ordinaria va perdiendo vigencia y desconfianza en la sociedad ecuatoriana.

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades, no pueden dejar a un lado los derechos civiles consagrados en Constitución Política del Estado, entre los principales derechos del Art. 23 son:

Numeral 1. La inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte.

Numeral 2. La integridad personal. Se prohíben las penas crueles, las torturas; todo procedimiento inhumano degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral..

Numeral 3. La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozaran de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma,; religión, filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier índole.

Numeral 4. La libertad. Todas las personas nacen libres. Se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el tráfico de seres humanos en todas sus formas. Ninguna podrá sufrir prisión por deudas, costas, impuestos, multas ni otras obligaciones, excepto los casos de pensiones alimentaciones. Nadie podrá ser obligado a hacer algo prohibido o dejar de hacer algo no prohibido por la ley.

Numeral 14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia.

Numeral 17. La libertad de trabajo. Ninguna podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzado.

Numeral 23. El derecho a la propiedad, en términos que señala la ley.

Numeral 26. La seguridad pública.

Numeral 27. El derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones.

De la misma manera, en el Art. 24 de la misma Constitución, señala las garantías básicas para asegurar el debido proceso, sin menos cabo de otras que establezca la misma Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia.

Otro de los fundamentos jurídicos de la administración de Justicia Indígena, está en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, convenio sobre los pueblos indígenas y tribales, que contiene las siguientes normas relativas a la administración de justicia de los pueblos indígenas.

Art. 8.-

Numeral 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario;

Numeral 2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio; y,

Numeral 3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Art. 9.-

Numeral 1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos Internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros; y,

Numeral 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Art. 10.-

Numeral 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales; y,

Numeral 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Art.- La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, renumerados o no, excepto los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.

Art. 12. Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sean personalmente o bien por conducto de sus organizaciones representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacer comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Entre los instrumentos jurídicos internacionales tenemos:

La declaración de principios respeto a los pueblos indígenas, adoptado en la IV Asamblea General del Consejo Mundial de los pueblos indígenas en Panamá de 1986; Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes; OUNO, Declaración de 1993 como el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas; Resolución del Primer Encuentro Continental de la Campaña 500 años de Resistencia Indígena y Popular, Colombia, 1989; Declaración de Quito; Encuentro Continental 500 años de resistencia India, Ecuador 1990; Convenio Consultivo del fondo para el Desarrollo de los pueblos Indígenas América Latina y el Cribe, 1992; entre otros.

Y por ultimo, tenemos la ley de Comunas, los Estatutos Jurídicos y Reglamentos Internos de las comunidades indígenas, que regulan convivencia comunitaria. Es donde se encuentra regulada su estructura económica, política, administrativa, cultural y jurídica de la comunidad.

5.- Características de la Administración de Justicia Indígena

Entre las principales características son:

a. Es pública para garantizar la transparencia en el proceso;

b. La autoridad indígena son propias de cada comunidad, pueblo o nacionalidad y no percibe ninguna

renumeración por el ejercicio de sus funciones;

c. Se caracteriza por su celeridad en los procedimientos;

d. Los miembros reunidos en la asamblea resuelven el conflicto;

e. Cada pueblo o nacionalidad indígena tiene un procedimiento especial propio de hacer justicia, no

existe la uniformidad;

f. Es gratuito, oral, directo, cultural (uso de idioma, ritualidad, ceremonias, etc.), ágil y eficiente en las

resoluciones de conflictos;

g. La autoridad indígena conoce y resuelve los conflictos internos;

h. La sanción es de carácter público, curativo y permite la inmediata reincorporación a la comunidad,

se sanciona a toda persona que altera el orden comunitario;

i. Las autoridades indígenas, elegidas democráticamente por la asamblea, son competentes en toda

materia, excepto delitos de homicidio y asesinato, estos casos dependen de cada comunidad o

pueblo, es decir, existen comunidades que ellas mismas juzgan, otras en cambio, entregan a la

justicia ordinaria;

j. Las normas comunitarias se basan en los usos y costumbres de cada pueblo o comunidad, mismas

que son claras y precisas para sus miembros;

k. Las sanciones más comunes son: morales, económicas, y excepcionalmente la expulsión de la

comunidad;

l. Uso de los principios, ama killa, ama llulla, ama shua. Es decir, no ocioso, no mentir, y no robar.

además no pueden faltar, el valor de la palabra, el respeto a la vida, la búsqueda del bien común, la

Armonía, la tolerancia, saber escuchar, el acuerdo, el equilibrio, la tranquilidad, la unidad, búsqueda

de beneficio colectivo, el consenso, la consulta, la responsabilidad, el perdón, la convocatoria, el

dialogo, el orden, el respeto a los mayores, etc.;

m. Estas normas generalmente no son coercitivas, se aplican tomando en cuenta ciertas condiciones

física, económicas y materiales, siempre respetan los derechos humanos y colectivos;

n. La justicia Indígena es de jurisdicción y competencia especial indígena, lo cual da lugar a la

existencia de pluralismo jurídico, es decir la existencia de varias formas de administrar justicia

(Ximena Ortiz), así también es entendido como una situación en la que dos o más sistemas

jurídicos coexisten en espacio social ( Rally Ingle Ferry). Esto significa que en nuestro país existen dos sistemas como sistema judicial estatal y el sistema de justicia indígena;

o. Es de carácter colectivo (sujetos), material (materia del conflicto) y territorial (territorio indígena);y

p. Restablece la paz y armonía colectiva, así también, el orden infringido.

6.- Jurisdicción y competencia de la administración de Justicia Indígena

El Art. 191 inciso 4 de la Constitución Política del Estado, establece que las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, acuerdo a las costumbres y tradiciones, acopladas a la realidad de la colectividad.

Los pueblos indígenas, es la comunidad o colectividad indígena, es decir, es el “ es el grupo o pueblo indígena según sus tradiciones y costumbres se hayan organizado en comuna, centro, pueblo o nacionalidad, dentro de las cuales la autoridad reconocida por éste ejercerá funciones de justicia de conformidad a las costumbres y procedimientos propios”. A estos se suman también, como: comunidad de territorio, puesto que tienen un territorio definido para realizar sus innumerables actividades. El pueblo indígena ha conformado una verdadera asociación con la tierra, comprendiéndose en ella la existencia de la biodiversidad; comunidad de idiomas, esto es que, cada uno de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Costa, Sierra y Amazonía tienen sus propios idiomas.

7.- Autoridad Indígena.

Autoridades Indígenas.- “La autoridad de un pueblo indígena, revestida de la potestad jurisdiccional, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es la asamblea de la comunidad. Solo para los asuntos leves o de poca trascendencia, la comunidad inviste de esa potestad a determinados miembros de ella, que elige y remueve libremente, generalmente por consenso, seleccionándoles para la confianza que inspiran su probidad, entereza y sabiduría”.

En los pueblos de Centro América las autoridades son los

alcaldes auxiliares, comités, autoridades religiosas, cofrades, catequistas) juntas directivas de iglesia y promotores de salud, todos ellos son autoridades electas y reconocidas por los pueblos: Maya, Kanas y Tlzeltales, ellos son quienes tienen protestad de conocer y resolver los conflictos que dan al interior de sus pueblos.

Las autoridades Indígenas varían en cada pueblo, nacionalidad o comunidad y éstas son: el cabildo o presidente de la comunidad o centro; persona mayor de edad con probidad de conocimiento y capacidad para dirigir a la comunidad; los abuelos con conocimiento de las normas, principios y costumbres comunitarios; el Directorio de la comunidad; el gobernador de las nacionalidades; presidentes de las juntas de agua, de los padres de familia, de los sectores de la liga comuna, de grupo de mujeres y de los jóvenes; el Director de la Escuela y de huahua huasi (jardín de infantes); y, los promotores de derechos humanos o defensores indígenas de las Organizaciones, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Para Fernando García, en su obra formas indígenas de administrar Justicia, expone: “Del análisis de la información recolectada aparecen tres instancias privilegiadas en administrar justicia; el ámbito familiar, el de las autoridades comunitarias y el de la asamblea comunal. En el primero, son protagonistas fundamentales: los abuelos, los padres, los parientes sanguíneos cercanos, los parientes a fines, los padrinos y los vecinos. En el segundo y en el tercero, son las autoridades tradicionales, las autoridades comunales, los mediadores comunitarios y el conjunto de comuneros”. Estas autoridades indígenas velan por la defensa de los derechos humanos y colectivos; por el bienestar de los habitantes; por la paz, integridad y armonía de la comunidad; y, finalmente, trabajan coordinadamente con las autoridades del estado para que no exista alteraciones en el campo económico, social, político y jurídico.

A estas autoridades indígenas les competen conocer conflictos internos de la comunidad, conoce en toda materia, es decir civil, laboral e inclusive en materia penal, como un ejemplo, tenemos el caso de la comunidad de la Cocha, provincia de Cotopaxi, donde la autoridad indígena conoció y resolvió un delito de asesinato. Los conflictos internos se refieren a conflictos entre indígenas de la misma comunidad, entre comunidades indígenas, entre indígenas de diferentes colectividades, y entre un indígena de la comunidad y no indígena pero que viva y practique la vida comunal. Dentro de la comunidad existen conflictos por disputas entre familiares, entre cónyuges, entre comuneros y entre comunidades indígenas; daños causados por animales; aprovechamiento y uso de aguas; problemas de tipo laboral e incumplimiento de la obra; problemas de tipo penal como heridas y lesiones, riñas verbales, injurias, robos, hurtos, usurpaciones de tierra, muerte de animales, entre otros.

El Dr. Julio Cesar Trujillo, al respecto del inciso 4to. Art. 191, sobre la competencia de la autoridad indígena para administrar justicia que recae sobre los conflictos internos y dice: “Se ha de entender que son tales los que surgen en el seno de la comunidad y amenaza romper armonía o las formas de la vida y valores que la identifica como la nacional que dice ser y, ala vez, diversa de las otras nacionalidades indígenas, de los pueblos negros y de la sociedad hegemónica. Se trata de una competencia en razón de las personas y solo ocasionalmente en razón del territorio, por tanto cabe distinguir los conflictos entre miembros de una misma comunidad, los conflictos de una comunidad con otra comunidad y de los miembros de una comunidad, además están los conflictos de los indígenas con los no indígenas, caso en el que hay que diferenciar de los no indígenas que viven fuera de la comunidad de los que viven en ella o con ella. La competencia de la autoridad indígena sobre las dos especies de conflictos aquí mencionados es indiscutible, ya que no cabe duda de carácter interno del conflicto que amenaza romper o rompe la paz de la comunidad indígena, sin perjuicio de que cuando la autoridad indígena, considere que es mejor y más conveniente remitir la causa a la autoridad estatal, lo haga así por su propia decisión”. La competencia de las autorices indígenas recae sobre las personas (indígenas) y territorial (comunidad). Ahora bien, la misma Constitución introduce ciertos alcances y limites en la jurisdicción especial indígena, al señalar que la autoridad indígena será la que dirima los conflictos internos, entonces se debe entender que esta autoridad indígena tiene jurisdicción y competencia dentro del territorio indígena, que constituye el lugar donde habitan los pueblos indígenas y la esfera de sus actividades económicas y culturales, desde luego que será una ley especial, no solamente la que defina y delimite el territorio de cada pueblo indígena ecuatoriano, sino que también armonice los dos sistemas jurídicos, (justicia indígena y justicia ordinaria) y determine las competencias de las dos autoridades (indígena y del estado). Esto evitaría conocer y juzgar una misma causa por dos veces, hecho que esta prohibido por la Constitución Política del Estad. Además primaran los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, siendo el límite de éstos el núcleo tanto de los derechos individuales como de los de grupo, que serán traducidos en el derecho a la vida, a la prohibición de esclavitud, de tratos inhumanos, crueles y degradantes.

En cuanto a los conflictos internos que hace mención la disposición constitucional, éstos deben ser entendidos como actos que atentan contra los usos y costumbres de un pueblo, los mismos que llegarán a conocimiento de la autoridad indígena y serán sometidos a un proceso especial de juzgamiento, gozando de validez jurídica todas las resoluciones adoptadas por la autoridad; pero en materia penal surgen varios interrogantes: ¿continuarán siendo los jueces estatales los que resuelvan los casos penales suscitados dentro de las comunidades indígenas? o ¿será la autoridad indígena quien tenga competencia en esta materia? o quizás los jueces penales y las autoridades indígenas podrán trabajar conjuntamente en la resolución del conflicto?. Estas incógnitas solamente podrán ser despejadas a través de la expedición de una Ley que sea elaborada en base del dialogo intercultural.

Otro factor de gran interés en materia de las jurisdicciones especiales indígenas es el étnico, pues se pueden suscitar conflictos de jurisdicción y competencia entre los pueblos indígenas, o entre personas no indígenas con indígenas, al respecto, Esther Sánchez Botero e Isabel Jaramillo Sierra en su libro Jurisdicción Indígena presentan siete casos:

“Caso1: El sujeto A, perteneciente al pueblo indígena X, tiene un conflicto con un sujeto B, ciudadano que no pertenece a ningún pueblo indígena. Los hechos ocurren en el territorio de X.

Caso 2: El sujeto A perteneciente al pueblo indígena X, tiene un conflicto con un sujeto B, ciudadano que no pertenece a ningún pueblo indígena. Los hechos ocurren fuera del territorio de cualquier pueblo indígena.

Caso 3: El sujeto A perteneciente al pueblo indígena X, tiene un conflicto con el sujeto B, ciudadano que no pertenece a ningún pueblo indígena. Los hechos ocurren en el territorio del pueblo indígena Y.

Caso 4: El sujeto A perteneciente al pueblo indígena X, tiene un conflicto con el sujeto C perteneciente al pueblo indígena Y. Los hechos ocurren en el territorio de X.

Caso 5: El sujeto A perteneciente al pueblo indígena X, tiene un conflicto con el sujeto C perteneciente al pueblo indígena Y. los hechos ocurren en el territorio de Y.

Caso 6: El sujeto A perteneciente al pueblo indígena X, tiene un conflicto con el sujeto C perteneciente al pueblo indígena Y. Los hechos ocurren en el territorio de Z.

Caso 7: El sujeto A perteneciente al pueblos indígena X, tiene un conflicto con el sujeto C perteneciente Y. Los hechos ocurren por fuera de los territorios de X y de Y o de cualquier otro pueblo indígena”.

Estos siete casos son resueltos por Esther Botero e Isabel Jaramillo, así:

a) Si todos los individuos y todos los intereses en juego son los de un pueblo indígena y los hechos ocurren en el territorio de ese pueblo, la jurisdicción se jurisdicción se radica en las autoridades del pueblo indígena.

b) Si los involucrados con un indígena y un no indígena, en jurisdicción depende de que:

I. Los hechos estén regulados o no en ambos ordenamientos.

II. El grado de conocimiento que tengan los individuos de la comunidad en la que ocurrieron los hechos”.

Por lo dicho en este pequeño ensayo con el tema “ ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA: UN ESTUDIO DE CASO: “RECLAMO DE COMPETENCIA A FAVOR AUTORIDAD INDIGENA”, trato de mostrar, cómo a pesar de lo establecido en el articulo 191, los conflictos internos se siguen ventilando en el ámbito ordinario, surgiendo con esto un problema de competencia entre autoridades de la jurisdicción ordinaria y las autoridades indígenas que, a criterio de Esther Sánchez, es “el enfrentamiento que se da entre estos dos grupos de sociedades en sus relaciones de poder, cristalizados y confrontados en el conocimientos y ordenamientos jurídicos”. Además, en eras de coadyuvar el fortalecimiento del sistema jurídico indígena quechua vigente en las resoluciones de conflictos de carácter social al interior de los pueblos indígenas del Ecuador, tomo un ejemplo práctico de homicidio suscitado en la comunidad indígena de la Provincia de Cotopaxi”. Este es el caso de delito de asesinato juzgado en la comunidad de Cocha, pues así debe ser, porque la Constitución no señala qué delito o conflicto debe conocer la autoridad indígena.

3 responses to this post.

  1. Posted by andres on octubre 24, 2010 at 11:02

    ???

  2. Me parece muy interesante, agil y rápida la aplicación de la Justicia indigena, pero debería unpoco mas tecnificarse y perfeccionarse, y la misam debe ser aplicada pero dentro del margen de la Constitución y de la Ley. No aplicación de justicia por mano propia ni al ojo por ojo diente por diente, pero si a a agil y oportuna solución de conflictos esto inclusive ayudaría en mucho a desahacinar los Centros de Rehabilitación Social .

  3. Posted by COMUNIDAD CHICHICO RUMI on abril 8, 2011 at 11:02

    A si es ahora esta en cada uno de nosotros si no hay justicia en el pais, esperamos con esta consulta el pais desida..

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